Carta abierta a la Consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía

Carta presentada por José Carlos Montero Díaz, trabajador social, a fecha 30 de septiembre de 2024, Málaga.

El pasado jueves 25 de septiembre la Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, compareció en la Comisión de su materia en el Parlamento andaluz. Entre otros puntos del orden del día, se debatió sobre la situación de la Dependencia en Andalucía. Esta comparecencia fue seguida por muchas personas, entre ellas yo mismo. Soy uno de esos profesionales de la dependencia de la administración autonómica, a los cuales la propia Consejera aludió en diferentes momentos. Llevo 29 años de funcionario de carrera, y los últimos 17 años –desde los inicios- en el servicio de dependencia de la provincia de Málaga.

Se preguntarán el por qué esta comparecencia llamo la atención de los cientos de profesionales de dependencia en Andalucía. No era la primera, ni será la última de la Consejera de turno. Simplemente porque nunca antes el Sistema de atención a la dependencia en Andalucía ha estado tan mal gestionado. Es por ello, que hay un conflicto laboral abierto, y no crean que es por mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. Es porque llevamos meses con una deriva autoritaria, despreciando la experiencia y el conocimiento de todas nosotras, desconfiando de su propio personal de confianza –una docena de ceses o dimisiones encubiertas-, y negándose a sentarse con la representación sindical o la sociedad civil.

Esta mala gestión se ha traducido en la mayor cifra de días de espera para que una persona acceda a un recurso en Andalucía, 603 días. Somos los primeros de España, por la cola. 272 días peor que la media nacional. Una andaluza espera 405 días más que en una riojana, o 476 días que una castellano-leonesa.

Este aumento en la lista de espera la Consejera lo explicó y lo justificó con argumentos, algunos ciertos, otros incompletos, y la mayoría inciertos. Primero reconoció que la Ley era buena, pero triste es que a los 30 segundos ya pusiera como primer problema el de la financiación. Si mi memoria no me falla, todavía no he escuchado a ninguna de las consejeras responsables de salud, iniciar cualquiera de sus intervenciones manifestando que el problema de la lista de espera que tienen es de financiación (que lo es entre otras causas). Posteriormente, amplió su “defensa” de la situación planteando que la dependencia “necesita gestión y financiación”.

Gestión
“Cuando yo tengo la oportunidad de ser consejera, y veo el funcionamiento de la dependencia, tenía dos opciones, una primera opción dejarlo tal cual está, lleva así muchos años, no va a pasar nada, es más, políticamente, si no consideras que la política es gestión, para mi hubiera sido lo más cómodo. Si lleva así muchos años, que más da. La mantengo y me quito de problemas.” Estas son las palabras literales de la Consejera al inicio de hablar sobre la “gestión” de la dependencia. Esta “reflexión” para mí es muy triste, porque deja en muy mal lugar a parte de la clase política que ante un problema pueden tomar varias opciones, y una de ellas, es “dejarlo tal cual”. Es mentira “que no va a pasar nada”, porque el problema seguiría y lo más seguro, que fuera a peor. Creo que una Consejera cuando la nombran no lo hace para quitarse de problemas, entiendo que será para mejorar la vida de la ciudadanía desde una responsabilidad política. Otra cosa es, que un partido político, un Presidente de gobierno, nombre a una persona concreta “para quitarse de problemas” internos, y haga nombramientos simplemente para satisfacer cuotas internar de poder. Es decir, no se nombre a la persona con el mejor perfil para esa responsabilidad sino por otras razones e intereses ajenos al servicio público.

La Consejera siguió hablando de gestión, centrándose en explicar la modificación del procedimiento de dependencia. Este cambio se aprobó el pasado 16 de marzo con el llamado Decreto de Simplificación. Y la Consejera omitió que ese acto de “responsabilidad” suyo y de su equipo, no era voluntario. El 10 de mayo de 2021, gobernando en Andalucía el mismo Presidente que tenemos actualmente, la Junta de Andalucía firmó el “Plan para la reducción de la lista de espera en Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia”. Este Plan se aprobó por el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia el 30 de abril de 2021.

No sé si la Consejera y su equipo desconocen este acuerdo, pero gracias a su firma, además de la financiación ordinaria, se recibieron durante tres años (2021, 2022, y 2023) unos fondos extras. Pero luego hablaremos de financiación. No sé si la Consejera sabe que este Plan realizaba un profundo análisis de la lista de espera, con 8 grandes causas: la complejidad de los procedimientos, los sistemas informáticos de gestión, la falta de recursos humanos para la gestión de procedimientos, la incorporación de personas con grado I en 2015 en un sistema frenado por los recortes de 2012, la falta de disponibilidad de los recursos adecuados, el rechazo de las personas de la prestación o servicio propuestos, la incorporación de datos al sistema de dependencia, y la insuficiencia financiera.

Es decir, que las causas del Sistema estaban identificadas, y este Plan realizaba el abordaje de las mismas. Todas las comunidades autónomas debieron presentar su plan de mejora, y Andalucía se centro en 6 de las causas con 7 medidas. La primera medida del Plan para Andalucía era la “Modificación de actual Decreto regulador del procedimiento de dependencia en Andalucía”. Todas las medidas tenían su indicador de verificación, y para una norma su indicador era la publicación en BOJA.

Por tanto, la Consejera y su equipo no podían “dejarlo tal cual”, estaban obligados a modificar el procedimiento. El problema es que la Junta de Andalucía ha venido incumpliendo las medidas acordadas, resultado de la incapacidad de gestionar, y de decisiones políticas donde no se ha priorizado la atención a la dependencia. Tres años después del acuerdo se aprueba una norma, sin participación, y por tanto, sin consenso alguno. Que el cambio era necesario, todas lo sabíamos, pero no así.

Aprobada la modificación, uno de los problemas es programa informático de gestión e información. La cuarta medida del Plan de Choque era justamente “mejora de los sistemas de gestión e información”. Se contemplaba dos fases, siendo la primera para el mismo 2021, donde se integraba los módulos de solicitudes y valoración. Ese año solo se integró el módulo de solicitudes, y no ha sido hasta este verano del 2024 cuando se ha hecho el de valoración y el de propuesta PIA. El problema es que la incorporación en el año 2021 ya fue errática e incompleta en los procedimientos, que a lo largo de los años no se ha mejorado. Tres años después, con la modificación de la norma en vigor, el programa no estaba preparado y sigue sin estarlo. Sea cual sea la causa, refleja un problema de gestión, de mala gestión.

El Plan contemplaba como quinta medida la contratación de personal para reforzar la valoración y elaboración de PIA, así como para la gestión. La contratación durante los tres años del plan nunca fue de personal valorador, quienes han ido menguando progresivamente y pudiendo llegar a más de un veinte por ciento de plazas desdotadas o sin cubrir. A estas hay que sumarles las bajas por enfermedad de media y larga duración, lo que nos sitúa en un tercio de la plantilla sin cobertura. Por tanto el impacto de la medida del Plan de incrementar el volumen de propuestas de dictamen, no se podía cumplir por la decisión política de no destinar fondos para contratar personal valorador.

Recordar que el personal que realizaba valoraciones estaba asignados al menos uno por Zona de Trabajo Social. Esto garantizaba que todos los territorios tenían su cobertura. La singularidad de nuestra comunidad autónoma presenta zonas con una gran dispersión territorial, y con graves dificultades de acceso y transporte. Recordar que el personal valorador no está cubierto en sus desplazamientos por la administración, son voluntariamente ellas quienes ponen su vehículo –no se les pide ni carnet de conducir para ocupar el puesto de trabajo-, no teniendo ninguna cobertura o complemento específico. Así, estos puestos en zonas dispersas son lo que presentan mayor tasa de no cobertura, por lo que no se garantiza el servicio a personas que residen en entorno rurales, y que por lo general son personas mayores.

El Plan sí reforzó la plantilla de trabajadoras sociales que hacían el PIA, así como del personal de gestión de los servicios territoriales. Se demostró que con los recursos humanos necesarios el número de PIAs y de procedimientos de gestión mejoraban. El problema es que finalizado el Plan, la decisión política no ha sido mantener los refuerzos, sino externalizar los servicios. Primero se externalizó la grabación de solicitudes iniciales y de revisión, con un proceso plagado de incidencias y totalmente fuera del control de los servicios territoriales; los expedientes antiguos que salen de los “cajones” a los que hace alusión la Consejera, serán ridículos con el número de solicitudes que saldrán en estos años sin saber si han sido procesados por la empresa externa. Segundo se ha externalizado el proceso de agendar las visitas al personal técnico. Los servicios territoriales no se han negado a realizarlo, pero con los recursos humanos y técnicos necesarios. Si el mismo personal tiene que agendar y realizar otras gestiones administrativas, es imposible no de hacerlo correctamente, sino directamente de hacerlo. La decisión política no es reforzar el sistema público, sino debilitarlo, externalizando y precarizando sus funciones.

En el tema de la agenda de visitas del personal técnico –cientos de trabajadoras sociales-, debemos vincularlo a una decisión política que incide en la gestión. Este personal viene trabajando desde siempre por objetivos. Es decir, se le pide el cumplimiento de un número de visitas semanales o mensuales. Este número quedó recogido en una instrucción por el Director Gerente de la ASSDA en el año 2022. Con la entrada del nuevo procedimiento se unifica la visita de valoración y PIA, modificando esta última en su contenido. La decisión de la Consejería ha sido mantener el mismo número de objetivos. Parece que dicha decisión está fuera de toda lógica cuando se aumenta –mucho o poco- las funciones y tareas del personal técnico. La estrategia está clara, cumplir números a costa de calidad –la estadística no le importa a la Consejera, recuerden lo dicho en su comparecencia-. Recuerdan también ustedes las citas médicas de cinco minutos por paciente, es igual. Se visita al sujeto para cumplir un número, olvidando que se visita a una persona que generalmente está acompañada de su familia, y que tiene que verificarse su estado de dependencia a través un estudio de sus informes de salud, de una entrevista y del cumplimiento de diez u once actividades, o lo que lo mismo, de 51 o 58 tareas básicas de la vida diaria. Además, en dicha visita la persona y su familia tiene que decidir que recurso prefiere en caso de tener grado, decisión complicada cuando pudiera estar pensando si ingresar a una madre o un padre en una residencia. Piensen ustedes que además no todas las visitas son iguales, ya que atendemos a personas que están desde un coma vigil a menores de apenas meses, de personas con trastornos mentales graves a personas mayores con múltiples patología que emocionalmente sufren por su pérdida de autonomía y sentirse una “carga” para su familia. Esto necesita tiempo, no infinito, pero si el suficiente para que las profesionales hagan su trabajo con calidad.

Y es que el personal técnico hasta la entrada del nuevo procedimiento se agendaba, es decir, contactaba con la persona y su familia para concertar la cita. Pero es que dicha llamada era parte de la intervención profesional, facilitando el acceso a disponer de información con la cual se adelantaba el cumplimiento de los informes, y se le adelantaba información sobre el procedimiento y los recursos disponibles; esto aunque pudiera ser poco, ya permitía a la persona y su familia de tener unos días para poder pensar que decisión tomar a la hora de elegir el recurso.

Por tanto, que la función de agendar se mantuviera en el personal técnico de visita incide en un mejor servicio para la persona, pero además garantiza que la visita tenga menos incidencia y sea más productiva. Externalizando el servicio, además del coste económico, va a incidir en una menor productividad al aumentar las citas anuladas por no estar correctamente planificadas, y porque el tiempo de la visita en sí va a aumentar, disponiendo el personal técnico de menos tiempo para poder cerrar los informes de las visitas. Una decisión política con incidencia en la gestión, una decisión de gestión que no rebaja los tiempos de espera.

Son muchos más los temas vinculados con la gestión, pero finalizaré con lo dicho también por la Consejera cuando hablaba que en dependencia la gestión dependía de la Junta de Andalucía, de las Diputaciones y de los Ayuntamientos. En Andalucía desde sus inicios se decidió que la gestión se incardinara en el Sistema Púbico de Servicios Sociales, y por tanto dependía de la Consejería que tuviera dichas competencias, contando con la participación de los servicios sociales comunitarios dependientes de las Diputaciones y Ayuntamientos, además de la iniciativa social y privada.

Esta colaboración se centraba en tres aspectos. El primero y esencial, la presentación de la solicitud que debía hacerse en los servicios sociales comunitarios (SSC). Segundo que eran los responsables directos de la elaboración de los Programas Individuales de Atención (PIAs) por parte de sus trabajadoras sociales. Y tercero en la gestión de los servicios, especialmente en el servicio de ayuda a domicilio, y de manera más residual en algún recurso residencial.

Sin duda que fueron decisiones políticas adecuadas, que reforzó la función de los servicios sociales comunitarios como puerta de entrada del Sistema Público de Servicios Sociales. Esta medida permitió el acceso a un servicio público en todos los territorios, acercando los servicios sociales a personas de todos los niveles socioeconómicos, universalizando su atención. La Junta de Andalucía dedicó diferentes partidas económicas para su financiación, algunas de ellas siempre en precario por tener que ser renovadas anualmente, o porque el presupuesto no cubría ni los costes del personal contratado, y mucho menos se tenían en cuenta los costes indirectos. Es decir, la Junta de Andalucía desde sus inicios infrafinanción a las administraciones locales (AA.LL.).

Con el tiempo, la infrafinanciación aumentó porque dentro del refuerzo de personal, se eliminó el de personal administrativo. Es decir, las AA.LL. debían hacer las mismas funciones de gestión administrativas sin personal específico, contando solo con los recursos humanos propios. En el tiempo, los problemas de cumplimiento con el registro y envío de solicitudes a los servicios territoriales de la Junta de Andalucía, o de elaboración de los PIAS, fueron aumentando. ¿Cómo se afrontó?. En vez de mejorar y aumentar la cooperación entre administraciones, se eliminó que la presentación de solicitudes tuviera que hacerse obligatoriamente en los SSC, teniendo solo validez desde que tuvieran entrada en el registro de la Junta de Andalucía. Esto coincidió con la entrada del nuevo programa informático de gestión, al que no se le dio acceso a las SSC, dificultando su función de información, orientación e intervención.

En cuanto a la elaboración de PIAs, a través del Plan de Choque se dedicó recursos propios de la Junta para realizar la carga pendiente en los SSC. Terminado el Plan, la Consejería lo que ha hecho no ha sido sentarse con las CC.LL. para ver cómo afrontar el “problema”, sino lo que ha enviado es una carta dirigida directamente a los Presidentes de Diputaciones y Alcaldes, indicándoles lo “improductivos” que son, devolviéndole por escrito la estadística específica de realización de PIAs por día. Esto ha producido una reacción de indignación, que tristemente se ha quedado solo en eso.

En esta relación de cooperación donde la Junta de Andalucía está en una posición de poder, el Decreto de Simplificación con el nuevo procedimiento de dependencia, da competencias en la visita única de valoración y PIA al personal de la administración autonómica, pero también a los servicios sociales comunitarios. Es decir, si en un momento les quitaba competencias más propias de este nivel administrativo –solicitudes-, ahora aumenta sus funciones. Esta decisión política con impacto directo en la gestión, no es tomada por convicción. Está tomada por la decisión política de la administración autonómica de no aumentar los recursos humanos propios, sino hacerlo a través de las administraciones locales. Y esto se ha confirmado con el Proyecto de Orden que desarrolla el nuevo procedimiento, donde se ha publicado la propuesta de convenio a firmar voluntariamente entre las administraciones y sus condiciones. Claro está, es un acto de asunción de competencias “voluntaria”. Pero a partir de 2025, la Junta
de Andalucía elimina la partida presupuestaria dedicada al refuerzo de los SSC. Es decir, el personal que en su día fue contratado por las AA.LL. para hacer PIAs, ya debe ser financiado por completo por ellos. Este personal no es que deje de hacer PIAs, deberán seguir haciéndolos porque las revisiones deberán ir acompañada de un informe social. Funciones sin financiación.

La administración autonómica prevé que para la implementación de estos convenios de colaboración, habrá 305 trabajadoras sociales contratadas por los SSC, con el apoyo de 141 persona administrativo. El coste del personal se hace teniendo en cuenta el coste de dichos puestos en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. ¿Por qué no se ha aumentado esas 305 trabajadoras sociales y las 141 administrativas en la administración autonómica?. La respuesta es fácil. La Junta de Andalucía está creando una relación de puestos de trabajo externa pero que trabaja para ella. No asume responsabilidad laboral alguna con el personal contratado, ya que este mantendrá la vinculación laboral estrictamente con las CC.LL., pero todas las funciones están dirigidas por la Junta, quien dirá a quien tiene que visitar y como. El convenio se firma por cuatro años, y como sabemos todas, la actual normativa de contratación de personal en la administración permite mantener puestos interinos como máximo tres años, con lo cual ya está creándose un conflicto laboral, claro está, para la AA.LL. y no para la Junta. Luego está que el coste de personal financiado está por debajo del coste de las administraciones locales, con lo cual, serán ellos mismos quienes tengan que completar el gasto de personal. Además, deben hacerse cargo de costes indirectos, como puede ser los costes de desplazamientos para visitas entre localidades, o los gastos corrientes. Pero todo esto a la Junta de Andalucía no le importa. El convenio establece unas condiciones “leoninas”. Se le exige 660 solicitudes a tramitar con un tiempo máximo de tramitación de tres meses. El incumplimiento de estos números conllevará una reducción de la cuantía económica asignada, hasta un 30% menos.

“La valoración de dependencia es inexcusablemente una tarea pública”. Esta frase está recogida en Plan de Choque, refrendada por la normativa vigente. Esto impide cualquier intento de privatizar esta fase del procedimiento, que sin duda alguna estaría en las agendas políticas de algunas responsables políticas, tal como está ocurriendo con el sistema público de salud o de educación. Ninguna modificación de un procedimiento por sí solo garantiza una mejora de los resultados. La modificación del procedimiento de dependencia era necesario, además de una obligación. La modificación por sí no tendrá un impacto en la reducción de la lista de espera. En el mejor de los escenarios, se podrá reducir el tiempo entre la presentación de la solicitud y la visita de valoración-PIA, y por tanto de la resolución de un grado y el recurso aprobado. Pero la reducción de la lista de espera es real cuando se accede al recurso, y si no se aumentan los mismos, no se atenderá las necesidades del Sistema y la persona dependiente seguirá estando desatendida.

Los 603 días de la lista de espera actual podrán reducirse si se resuelve el acceso de las personas valoradas ya, que tienen un grado de dependencia reconocido, y que tienen su PIA con su recurso propuesto. Al ritmo actual de incorporación de nuevos beneficiarios la lista de espera seguirá aumentando. No es un problema del programa informático, no es un problema de la modificación del procedimiento. Es un problema de decisiones políticas. A 31 de agosto de este año, hay solo 1.763 nuevas personas beneficiarias respecto a la misma fecha del año anterior; una media de 147 altas nuevas al mes para una comunidad autónoma de ocho provincias (18 altas por provincia). Hay 29.637 personas pendiente de ser valoradas y recibir su resolución de grado, y 25.079 personas con resolución de grado pero sin acceso al recurso. Sra. Consejera, no son “personas frente a estadísticas”, son estadísticas que hacen visible el problema de las personas.

Financiación
“La deuda del Gobierno con el sistema de dependencia de Andalucía suma 4.000 millones desde 2019”.
El problema de financiación de la Dependencia es real. El problema de financiación de los servicios sociales es cierto. Como lo es el problema de financiación del sistema público de servicios sociales, de salud, de educación, de vivienda, etc. O como es un problema la financiación de las infraestructuras hidráulicas, viarias, ferroviarias, etc. La financiación es un tema de actualidad, lo era antes, y seguramente seguirá siéndolo. Expertos hay en la materia, y como en todo, las decisiones políticas inciden en la financiación y en los presupuestos. Es responsabilidad de los dirigentes políticos tomar decisiones, aumentar ingresos, distribuir y priorizar gastos, y gestionar los mismos. La dirigente política de turno tiene dos opciones, dejar las cosas como están, o intentar mejorarlas. Triste es si la situación empeora.

La Dependencia necesita más dinero. La Dependencia es promoción de la autonomía, prevención de la dependencia, y atención a la misma. La promoción y la prevención están olvidadas, no es una prioridad política, por tanto la financiación es ínfima por no decir inexistente. Y esto ha sido prácticamente igual en estos 17 años de la Ley. No hay mejor inversión pública que aquella que retrasa el empeoramiento en la situación de dependencia de una persona, inversión que está demostrada ahorraría el gasto sanitario y social actual.

En 2007, el primer presupuesto de la dependencia, el Estado dedicó 306.655.942,54€. El presupuesto de 2023 ascendió a 3.292.389.190,04€. El gasto desde el año 2007 al 2010 -4 presupuestos- tuvieron una evolución en positiva (una subida de casi un 500%). Esta evolución es normal, ya que el número de personas con resolución de grado y PIA fueron aumentando a la par que la ley se fue implementando gradualmente, atendiendo primero a los grados superiores. Desde 2011 hasta 2021, la financiación estatal se mantuvo siempre inferior al presupuesto de 2012. Prácticamente una década.

Por refrescar la memoria, hasta 2011 el presupuesto aprobado estaba gestionado por un partido político, y los presupuestos desde 2012 hasta 2018 fueron aprobados y gestionados por otro partido político. Desde 2019 en adelante el presupuesto está gestionado por la misma fuerza política de la primera etapa de la dependencia, y desde el 2020 hay un gobierno de coalición, donde la dependencia y los servicios sociales son competencia de una tercera formación política. La Consejera cuando habla de la deuda del Gobierno nacional con Andalucía, y lo focaliza temporalmente en el año 2019, no sabemos si responde a un mal asesoramiento de su equipo. A Andalucía, como al resto de comunidades autónomas, la deuda del Estado siempre ha existido. Por ello, es importante dialogar con datos objetivos que muestren la realidad.

La Ley de Dependencia surge en un marco económico global expansivo. A parir de 2008, es decir, al poco tiempo de la aprobación e inicios de la Ley, empieza una de las mayores crisis económicas mundiales, una crisis financiera que provocó el hundimiento y pánico en el sector privado, con un rescate de los bancos con dinero público nunca recuperado. La decisión política que priorizo estas medidas, impactó en las políticas públicas, especialmente en todos los sistemas de protección social y que aún sufrimos. En materia de dependencia, como ya hemos comentado tuvo su primer impacto en el presupuesto de 2011. Imaginándonos que el presupuesto de 2010 se hubiera mantenido al menos hasta 2020 incluido (presupuestos prorrogados), el Estado dejó de financiar 5.120.062.318€.

¿Sabe la Consejera y su equipo quien fue Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad de España desde diciembre de 2011 a marzo de 2014?. El actual Presidente de la Junta de Andalucía. Es decir, los años más duros de la financiación estatal del Sistema de Dependencia fue una decisión política de quien gobierna desde 2019 la Junta de Andalucía, justo el año donde la Consejera dice que el estado le debe 4.000 millones a nuestra Tierra.

La Dependencia necesita dinero. Desde 2021 hay un aumento progresivo de la financiación estatal, y en estos tres años hay un aumento total de 3.793.904.699. Es decir, en tres años casi se recupera la financiación perdida en diez años. Pero esta misma afirmación no es cierta, ya que los presupuestos en dependencia nunca deberían ser inferiores un año con respecto al anterior. Estamos en una sociedad donde demográficamente vamos envejeciendo, hay más personas mayores que viven más años. El 80% de las personas dependientes son personas mayores, y más 50% del total son personas que tienen 80 años o más. El Sistema de Dependencia no puede permitirse unos presupuestos prorrogados, y mucho menos, unos presupuestos reducidos durante 10 años.

La Dependencia necesita dinero. El Estado actualmente financia un 28,58% del gasto certificado de dependencia. El año 2020 es donde se sitúa el límite inferior de la participación en la financiación, un 15,54%. En todos estos años los presupuestos de las diferentes comunidades autónomas han ido elevándose, en menor medida que el Estado, lo que ha mejorado la participación de esta. Es decir, las administraciones autonómicas han ido reduciendo su participación mientras que el Estado ha ido aumentando la suya. Aun así, el Estado no alcanza el comprometido y demandado 50%. Andalucía en 2019 tuvo la menor financiación estatal, quedándose en el 19,22%. En el ejercicio presupuestario de 2023, el porcentaje alcanzó el 37,74%, 9 puntos por encima de la medida estatal. Es decir, en cuatro años casi ha duplicado su participación.

Las mejores comunidades autónomas en relación a la lista de espera, tienen una financiación estatal menor que en Andalucía, como es Castila y León con un 0,93% menos, o tienen una financiación mayor, como es la Rioja con 3,24% más. Con una financiación superior también está Galicia. Y si nos comparamos con Cataluña o el País Vasco, tenemos una financiación superior en 14 y 21 puntos respectivamente. Se necesita más dinero, pero la financiación estatal tiene una tendencia positiva en el conjunto del Estado, y especialmente en Andalucía.

La Consejera, y su equipo, además no son transparentes cuando informar del gasto en dependencia. Andalucía en 2023 dedicó 1.932.271.119€, lo que supone un aumento de 212.611.755€ respecto al presupuesto del año anterior. La financiación estatal fue de 729.242.684€, con un aumento de 159.547.545€. Es decir el aumento real de la financiación autonómica en sus presupuestos fue de 53 millones de euros; un tercio del aumento estatal. A la financiación ordinaria de la dependencia, hemos hecho referencia en diversas ocasiones al Plan de Choque para reducir la lista de espera 2021-2023. Andalucía recibió una financiación extra de 105.404.211€.

Detallando cual es la aportación autonómica en total de lo financiado, en el año 2023 supuestamente fue de un 62,26%. Y decimos supuestamente, porque las estadísticas oficiales no recogen la aportación de la persona dependiente beneficiaria de un recurso, el llamado copago. Esta aportación se contabiliza en el total de la comunidad autónoma, cuando debería diferenciarse. Según estudios oficiales –Consejo Económico y Social-, el copago no ha parado de aumentar, alcanzando en su última estimación un 20,7%. Por tanto, dando por cierto este dato, la aportación autonómica podría ajustarse a algo más del 40%. Aun siendo el copago menor en Andalucía, difícilmente estaríamos hablando que la administración andaluza aporte el 50%.

El proyecto de Orden que desarrolla el nuevo procedimiento en Andalucía, recoge dos modificaciones importantes en relación al copago. Por un lado, se modifica la forma de cálculo de la capacidad económica de las personas, y también se modifica las fórmulas de cálculo para la determinación de las aportaciones de las personas beneficiarias de servicios de dependencia. Estas modificaciones se justifican en “unificar los criterios relativos al cálculo de la capacidad económica, estableciendo criterios homogéneos para todos los servicios y prestaciones aplicables a todas las personas solicitantes en nuestra comunidad.” La consecuencia directa, tal como reconoce la propia Consejería, será el aumento del copago. Es curioso como la memoria de la Orden recoge estas modificaciones con un impacto anual sobre el presupuesto de “menos gasto”.

No soy un experto en economía, pero llama la atención que la Consejera y su gobierno tomen decisiones políticas que recauden más dinero con las personas dependientes, cuando lo que defienden en su modelo económico es una bajada de impuestos. Recordemos que el 80% de las personas dependientes son mayores de 65 años, es decir, sus principales ingresos son pensiones; a estos hay que sumarle un 13% de personas adultas que tienen una discapacidad, y por tanto, también tienen una pensión como ingreso. Una persona dependiente tiene un mayor gasto. El 91% de las personas dependientes beneficiarias de un recurso, residen en sus domicilios. La ayuda que reciben no cubre la atención que necesitan, por lo que generalmente sus familias asumen los cuidados, y quienes pueden realizan un esfuerzo económico para pagar a cuidadoras no profesionales. Otra realidad es que estas personas dependientes presentan diferentes problemas de salud que también demandan de un gasto sanitario (medicación, ayudas técnicas, etc.). Por tanto, aumentar el copago es una medida política con un impacto económico directo en las personas más vulnerables.

Y por último debemos referirnos a las personas dependientes que se benefician de un recurso residencial, un 6,77% de personas. Hasta ahora, estas personas tenían un copago de hasta el 75% de sus ingresos, y nunca pararían más del 90% del coste del servicio; además, se garantizaba que la persona tuviera un mínimo para gastos personales. En el proyecto de orden el porcentaje de participación del copago puede aumentar –que lo hará-, ya que el 75% será como mínimo. Otra medida política que aumenta la recaudación sobre personas vulnerables.

GESTION Y FINANCIACION
La Consejera y yo compartimos nuestra preocupación por la dependencia en Andalucía, y como ella, quería hablar de dependencia. Por ello, esta carta abierta es tan extensa, había mucho que decir. Mi intención es aportar humildemente más información y más análisis a un diálogo que logre mejorar el Sistema de la Dependencia en mi Tierra, Andalucía.

Me apena cuando se manipula la información, me apena cuando se busca el enfrentamiento político y territorial por la financiación, todo ello para esconder una mala gestión. Nunca antes, Andalucía dispuso de los recursos económicos actuales para atender la dependencia. Gobiernos autonómicos del mismo color político que el andaluz, con menos recursos y peor financiación del Estado tienen mejores resultados, incluso los mejores.

Los problemas de gestión del nuevo procedimiento, nada tiene que ver con la responsabilidad del aumento en los tiempos de espera y en la lenta reducción de las personas con derecho para acceder a un recurso. Mucho antes de la aprobación del Decreto de Simplificación, la tendencia era negativa. La des-convergencia con la medida estatal en los principales indicadores de gestión es sostenida en el tiempo, y la Consejera y su equipo no lo explican. Los problemas de gestión del nuevo procedimiento, empeora la situación de la dependencia en Andalucía. Desde el año 2021, el gobierno andaluz sabía lo que tenía que hacer, pero tres años después, sus decisiones políticas y su incapacidad de gestión nos sitúa en un modelo “laberinto”; estamos dentro y damos vueltas sin encontrar la salida, sin solucionar los problemas organizativos y técnicos.

Falta liderazgo político, falta liderazgo en la gestión. Estos déficits se traducen en presiones y confrontaciones, incluso con el personal de confianza, a quienes cesan o se marchan. El nerviosismo de los “líderes” lleva a instrucciones verbales para saltarse el procedimiento de incoación de los expedientes, queriendo maquillar la estadística; se quiere priorizar la visita de las solicitudes presentadas con el nuevo procedimiento justificando que se cumple los 180 días prometidos en la resolución de grado y PIA (no en el acceso al recurso, que es lo legal). La ingobernabilidad se traduce en conflictos laborales con un aumento de la tensión, con un aumento de las bajas laborales y una desmotivación generalizada.

Y está crítica es coherente con mi demanda del aumento de los presupuestos para la dependencia, para la promoción, la prevención y la atención. Defiendo que aumenten las partidas presupuestarias de los principales responsables, el Estado y la Comunidad Autónoma. Defiendo transparencia en las modificaciones que impactan en el copago de las personas dependientes; la memoria del Proyecto de Orden no detalla en cuánto subirá y a quién, por lo que antes de implementar estas medidas debe hacerse público cual es la capacidad económica de las personas dependientes en Andalucía. No castiguemos aún más a las personas vulnerables.

Sra. Consejera, necesitamos un gobierno con capacidad política y de gestión. Usted es la responsable política de la dependencia en Andalucía. Usted toma decisiones que impacta en las personas dependientes en Andalucía, si hace o no hace, pasan cosas. Sus decisiones acertadas son esperadas y aplaudidas por las profesionales que formamos parte del Sistema de Dependencia, y especialmente por las personas destinatarias de nuestro servicio público. Necesitamos un cambio. –