El último incendio en Lucena del Puerto (Huelva) el pasado 28 de diciembre ha vuelto a señalar la falta de compromiso por parte de nuestras instituciones para garantizar unas condiciones de vida dignas para las personas del sector del fruto rojo.
El incendio arrasó más de 120 chabolas, dejando sin hogar ni pertenencias a unas 100 personas trabajadoras que, una vez más, ven como la Junta de Andalucía y los consistorios locales no dan soluciones a una situación de emergencia como esta. Recordamos que ha sido el tercer incendio de ese año, el pasado 2024, ninguno de los cuales tuvo respuesta, empeorando aún más las condiciones de máxima vulnerabilidad de las personas trabajadoras que allí residen. A la falta de acceso a agua potable, energía y la exposición a las inclemencias meteorológicas, hay que añadirle la falta de acceso a servicios de emergencia.
Desde Iniciativa del Pueblo Andaluz exigimos respuesta y responsabilidades a las administraciones públicas que incluyan, a corto plazo, ofrecer soluciones habitacionales ante la pérdida de sus viviendas por el fuego y la instauración de unas condiciones básicas de vida. El Plan EASEN, I Plan Estratégico para la Erradicación de Asentamientos Informales, presentado por la Junta de Andalucía en 2023, cuenta con limitaciones tan graves como la falta de medidas y protocolos específicos para casos de urgencia como este. Sin embargo, sí recoge la puesta en marcha de la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de los temporeros agrícolas, así como el acceso a un alojamiento digno. Líneas de trabajo que a día de hoy, dos años después, no se han puesto en funcionamiento, a pesar de que ayuntamientos como el de Lucena del Puerto han recibido importantes subvenciones para eliminar el inhumano estado de los asentamientos.
La falta de respuesta tiene además un claro componente racista, los asentamientos de trabajadores están compuestos por personas migrantes a cuya situación de precariedad se le añade la falta de medios económicos. No olvidamos las condiciones laborales denunciadas este último año en las numerosas inspecciones realizadas, con cifras de infracciones escandalosas, ni noticias como la acogida durante el incendio de Lucena del Puerto y Bonares en el verano de 2023, donde se puso a disposición un alojamiento provisional para una parte de la población de ambos municipios, dejando fuera a personas que vivían en chabolas dentro de la masa forestal cercada por las llamas. Estos antecedentes no hacen más que alarmarnos y criticar la falta de respuestas por parte de la administración autonómica.
Al inexistente proceso de evaluación de las medidas recogidas en el Plan EASEN, queremos añadir la falta de rigor en la investigación de los incendios en los asentamientos. Incendios que se producen en distintas zonas de la provincia de Huelva y en los que rara vez se buscan responsables.
En una actuación coordinada entre Francisco Sierra, diputado por Sevilla del grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y José Antonio Jiménez, coportavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz, en su condición de partido integrado en la coalición SUMAR, se presentaron, el pasado viernes 3 de enero, preguntas al gobierno respecto al Convenio existente entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía. El Convenio incluye áreas de actuación como la construcción y rehabilitación de viviendas dignas para personas temporeras, tanto una red de albergues como, a corto plazo, módulos portátiles que garanticen el acceso a agua potable, acceso a red eléctrica y aseo.
Así mismo Inmaculada Nieto como portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía y, tras ser informada por nuestro coportavoz, ha realizado una serie de gestiones ante el gobierno de la Junta de Andalucía que, a pesar de no dar importancia a la situación, ha informado de que el Plan EASEN se pondrá en marcha en los próximos meses.
Desde Iniciativa del Pueblo Andaluz exigimos, una vez más, que las distintas administraciones pongan en marcha soluciones dignas y con la máxima premura. La continua vulneración de derechos de las personas migrantes trabajadoras en el sector agrícola, no solo en Huelva, sino en otras zonas del territorio andaluz, ponen en entredicho la falta de compromiso del gobierno andaluz con el campo y con los derechos humanos. No hay que esperar que ocurra una desgracia personal para actuar. A día de hoy, y gracias a la labor de asociaciones y colectivos que están a pie del terreno, estas personas han recibido una ayuda de urgencia, necesaria sin duda pero insuficiente ante la situación de gravedad que estas trabajadoras y trabajadores están sufriendo, a pesar de ser imprescindibles para la riqueza de la zona.
