Ecologistas en Acción pide a las ministras Ribera y Montero el control e inspección de la trazabilidad del traslado y vertido de residuos peligrosos desde Montenegro a Nerva.
La organización ecologista también se ha dirigido al Defensor del Pueblo. Solicita que investigue las circunstancias de la concesión de permisos del traslado, desde Montenegro, de un total de 70.000 toneladas tóxicas más, autorizadas por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Supuestamente, este traslado cuenta con el consentimiento de la Junta de Andalucía.
Ecologistas en Acción confirma la información de que ya navegan hacia Sevilla dos barcos cargados desde un pueblo de Montenegro, con un total de 12.000 toneladas de residuos tóxicos, cuyo destino es su vertido en el vertedero de Nerva. Se prevé que el lunes 31 llegue al Puerto de Sevilla un barco con 5.000 toneladas de residuos contaminados y, el 3 de febrero, otro con alrededor de 9.000 toneladas a granel. El traslado cuenta con la autorización de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico y, supuestamente, el previo consentimiento de la Junta de Andalucía.
Con esta actividad se da continuidad al traslado de un total de 110.000 toneladas de ecotóxicos provenientes del desmantelamiento del astillero del pueblo montenegrino de Bijela. De ese total, ya fueron enterradas en Nerva durante 2019 cerca de 40.000 toneladas de residuos clasificados como aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos, sustancia peligrosa con código de la Lista Europea de Residuos LER número 12 01 06* y código A1020, según el Convenio de Basilea, que regula el transporte de residuos peligrosos entre países, por lo cual contienen antimonio, berilio, cadmio, plomo selenio y teluro.
El Gobierno español no autorizó inicialmente la importación de las 70.000 toneladas restantes pero, con el consentimiento de la Junta de Andalucía, acabó autorizando en la primavera de 2021 que se traigan y entierren en el vertedero que está situado a 800 metros del pueblo onubense de Nerva: 30.000 nuevas toneladas de las mismas características a las ya enterradas en 2019, y otras 40.000 toneladas de tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas (código LER 17 05 03*), a las que en el Convenio de Basilea les corresponde el código A3180, es decir, sustancias contaminadas con bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), naftaleno policlorado (PCN) o bifenilo polibromado (PBB)
Valgo, la empresa francesa concesionaria del traslado de los residuos montenegrinos a España, ha confirmado en su página web la presencia en los residuos de materiales con amianto, pero entre los residuos autorizados no consta la clasificación específica del amianto, que además debe ser enterrado en celda aparte y con otras condiciones determinadas. La empresa también ha confirmado en los residuos del astillero presencia de tributilo de estaño (TBT), con una alta concentración de todos los metales pesados, excepto el mercurio y de hidrocarburos diversos.
Los residuos de Montenegro que se van a trasladar a Nerva equivalen a 1000 aviones Boeing 787 (cada uno pesa 110 toneladas) y necesitará cerca de 500 camiones para ser transportada por carretera de Sevilla a Nerva.
Para Ecologistas en Acción existe una falta de información evidente sobre estas autorizaciones y movimientos transfronterizos de residuos, al contrario de lo que sucede en el país balcánico. Por ello, la organización ecologista ha dirigido al Defensor del Pueblo una solicitud para que investigue las circunstancias de estas actuaciones y la autorización final en el traslado transfronterizo de residuos peligrosos. Según indica el Convenio de Basilea, el país importador debe garantizar la gestión ambientalmente correcta: “Garantizar que los residuos sean gestionados de manera que la salud humana y el medio ambiente queden protegidos contra los efectos nocivos que puedan derivarse de tales residuos”. Por ello, se le pide al Defensor del Pueblo que esclarezca las circunstancias por las que en su momento no se garantizó esa gestión y después sí.
