La declaración de la emergencia climática es imprescindible y para ello hacen falta todos los medios de la Junta de Andalucía
El gobierno de las tres derechas ha gastado dinero público a mansalva para alimentar la idea de que la administración pública se gestiona mejor con las ideas de la empresa privada. Para muestra un botón. En el último año, el gobierno andaluz ha gastado más de 10 millones de euros en pagar auditorías sobre la llamada “administración paralela” en la que se supone que los gobiernos anteriores del PSOE han dilapidado cientos de millones de euros, fomentando el enchufismo y la duplicidad de estamentos para gastar sin control. Al parecer, salvo algunas excepciones que son reprobables, no hay indicios de una práctica generalizada de las características que esperaban. Se ha llegado a decir que todo es un “bluf”.
No seremos nosotras las que defendamos las prácticas de mala gestión de los gobiernos del PSOE y tampoco el uso de fondos públicos para lavar la cara a determinadas decisiones políticas tomadas por esos gobiernos, pero también defendemos que determinados sectores de la gestión pública de la administración se han beneficiado de la mayoría de esas otras entidades y empresas públicas.
Algunos datos ofrecidos por Juan Torres y Teresa Duarte, economistas de la Universidad de Sevilla nos dan la razón de lo que defendemos. Dicen en un artículo publicado en eldiariodeAndalucía.es lo siguiente:
“Según el informe, las auditorías se han realizado, como hemos dicho, sobre 54 de los 92 organismos o agencias que forman parte del sector instrumental, es decir, más o menos la mitad de todos ellos. ¿Alguien puede creer que las empresas auditoras contratadas por el Gobierno han dejado sin analizar precisamente a los que peor funcionan? Nosotros más bien tenemos la sospecha de que ha sido al revés, se ha auditado justo la parte del sector instrumental con mayores problemas de gestión. Pero ni siquiera así se puede decir, como hace la derecha, que TODO él sea ineficiente y que esté justificado o tenga fundamento el completo desmantelamiento que propone Vox.”
De lo que se deduce que este derroche de millones de euros que el gobierno andaluz ha gastado tenía la intención, más o menos declarada, de acabar con algunas de las empresas del “sector instrumental”, como es el caso de la Escuela Andaluza de Salud Pública, un ejemplo de funcionamiento autónomo y de una calidad contrastada por el sector sanitario tanto andaluz como del estado.
El informe sobre la Agencia de Medioambiente y Agua de Andalucía (Amaya), expresa que se debe externalizar los servicios extraordinarios del INFOCA. Literalmente dice: “Las fórmulas que propone la consultora son desde un contrato marco hasta un modelo mixto público-privado, «pudiendo llegar a un proceso de privatización gradual«. Y lo hacen precisamente para todo lo contrario de lo que plantean los sindicatos, a los que tampoco les gusta la fórmula que se viene utilizando actualmente por la Junta.
El INFOCA presta un servicio de alto riesgo y profesionalidad en la extinción de incendios forestales y desde su creación la fórmula ha sido mantener una plantilla especializada durante todo el año, que no sólo apaguen incendios, sino que hacen labores de limpieza y preparación de terrenos para evitar que se produzcan incendios en épocas veraniegas. Se ha venido denunciando que esta labor es correcta pero insuficiente, por ello se ha pedido reiteradamente que la plantilla se incremente, no solo en épocas de calor, sino que se mantuviera todo el año. Se han conseguido algunas mejoras pero en ningún caso el objetivo marcado y además en los últimos años no se han repuesto las bajas por jubilación, siguiendo el criterio de incremento cero de las plantillas.
Ante ello la Junta ha continuado contratando personal temporalmente y la plantilla fija ha bajado en número. La mejor de las oportunidades para privatizar el servicio como recomienda el informe ya mencionado. Dejar que se jubile el personal fijo, no reemplazarlo y, a continuación, contratar servicios privados de extinción de incendios. La jugada perfecta.
Nuestra posición al respecto es clara, dada la extensión del Monte Andaluz el INFOCA debe tener una plantilla fija mucho más alta que la actual, hay que sustituir el personal jubilado e incrementar en número suficiente para que de manera cierta el INFOCA cumpla su doble misión, prever y apagar incendios.
Externalizar los servicios no supone garantía ninguna de una mejora de servicios de extinción de incendios forestales y los trabajos de limpieza del monte y prevención de los incendios desaparecen en gran medida.
En cualquier caso, la situación actual del INFOCA, es consecuencia de un proceso de dejación de la administración, por tanto es necesario abordar el asunto en toda su complejidad. No basta con hacer caso a un informe que está sesgado por quien paga.
En este sentido se requiere tener en cuenta diversas aportaciones a la solución del problema. Andalucía fue pionera en la aprobación del Plan Forestal Andaluz hace treinta años, con una amplia mayoría del parlamento andaluz.
Hoy, de aquel plan queda muy poco, pero en estos momentos, cabe una gran posibilidad. Ante la situación de emergencia climática que se debería declarar por el gobierno andaluz, habría que revisar aquel plan y actualizarlo al momento actual. Este Plan renovado podría ser el eje de la recuperación de territorios forestales y del fortalecimiento de las medidas de silvicultura, limpieza y prevención de incendios y, cómo no, de extinción de los incendios que se produzcan. No ya sólo porque los incendios se apagan en invierno, sino porque el Monte Andaluz es una de las mayores riquezas de nuestra tierra y debe convertirse en motor de una buena parte de la población andaluza.
La restauración de ecosistemas para recuperar la estructura, biodiversidad y funcionamiento original, las repoblaciones en las cabeceras de cuencas hidrológicas, los tratamientos silvícolas, la lucha contra el decaimiento forestal de encinas y alcornoques principalmente, la conservación y mejora de los bosques isla, las acciones para frenar la desertificación, la investigación forestal, son básicas pues, para llevar adelante la ejecución del Plan Forestal
Un plan integral de defensa y mejoramiento del Monte Andaluz sería una pieza fundamental en la lucha contra el cambio climático. Hay que superar el hecho de mejorar una empresa como el INFOCA, que sigue siendo necesaria y sobre todo, debe ser mejor gestionada desde lo público, que es la única garantía de que los bosques estén al servicio de las personas y no solo al beneficio de las empresas.
El gobierno andaluz debe abandonar la idea de privatizar los servicios del INFOCA y, todo lo contrario, debe declarar la emergencia climática en Andalucía como base para una mejora sustancial del Monte Andaluz y para ello tiene una oportunidad de oro, aprovechar los presupuestos extraordinarios derivados de la pandemia para fomentar la habitabilidad de lo rural, mediante la creación de empleo verde y la mejora de la situación del territorio. No se trata solo de apagar fuegos, sino de evitarlos porque nos va la vida en ello.
