Iniciativa del Pueblo Andaluz propone un modelo de financiación autonómica y local que responda a la equidad y la suficiencia de recursos.

Las declaraciones del Presidente del Gobierno y de otros responsables políticos de otorgar una financiación “singular” para Cataluña en función de la idea de quien más aporta debe recibir más, rompe con el principio básico sobre el que se sostiene el Estado social: el principio de equidad, que implica que quien más tiene debe contribuir más para avanzar en la igualdad y la cohesión territorial, una de las funciones claves de la existencia del Estado.

Hay que partir de la base de que son los ciudadanos los que pagan impuestos, no los territorios. Si quien más tiene, recibe más, lo que provoca es el aumento de las desigualdades territoriales y sociales. Se ha argumentado que esa financiación “singular” estaría justificada para financiar el mayor volumen de competencias ya adquiridas, desconociendo que las competencias no homogéneas, aquellas que han sido asumidas por algunas Comunidades Autónomas pero no por todas ellas, se financian mediante transferencias específicas no condicionadas que se integran en el Fondo de Suficiencia Global.

Andalucía sufre la desigualdad territorial

Andalucía presenta los peores datos en cuanto a tasa de paro, renta y pobreza, con diferenciales con respecto a la media del Estado que persisten en el tiempo por su carácter estructural. Tenemos un nivel de renta 25 puntos inferior a la media (hay Comunidades como el País Vasco y Navarra que duplican nuestra renta) y tenemos una tasa de paro 10 puntos superior a la media. Somos deficitarios en los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, asistencia social y dependencia), cuya nivelación debe garantizar el Sistema de Financiación Autonómica (SFA).

La ausencia política de Andalucía en el debate territorial

La ausencia política de Andalucía en el debate territorial supone un factor de desequilibrio. Esta ausencia es incongruente dado que somos uno de los territorios que más sufrimos la desigualdad y que por lo tanto, tenemos motivos para reivindicar un cambio en el SFA y en la organización territorial del Estado, que aumente tanto nuestros niveles de autogobierno como que establezca mecanismos efectivos de redistribución de los recursos.

Andalucía, como sujeto político constitucional, debe contrapesar la posible deriva de que España se divida entre los privilegios de las Comunidades ricas y una recentralización en el resto del Estado. Tenemos el derecho y la obligación de exigir una relación equitativa entre las Comunidades Autónomas (nivelación horizontal), y entre estas y el Estado central (nivelación vertical).

La importancia del Sistema de Financiación Autonómico (SFA)

El SFA es el mecanismo más poderoso de transferencias de renta entre territorios. Es la segunda partida más importante de las cuentas públicas, tras las pensiones. Financia servicios esenciales del Estado del bienestar, como la sanidad o educación, por lo que debe asegurar un acceso igualitario de los ciudadanos a los servicios públicos. Por tanto, es esencial para garantizar la equidad territorial y social tal como establece la Constitución española y nuestro Estatuto de Autonomía.

El actual Sistema de Financiación Autonómico, aprobado en el año 2009 por un plazo de cinco años, lleva caducado desde 2014, perjudica gravemente a Andalucía, ya que provoca grandes diferencias entre comunidades en financiación por habitante ajustado, especialmente si incluimos a las forales (País Vasco y Navarra), y no garantiza la suficiencia de recursos a las Comunidades Autónomas.

Desde Iniciativa defendemos que las bases para un nuevo SFA deben incluir:
a) La suficiencia global de los recursos del sistema.
b) La financiación por habitante ajustado, con una nivelación total, mediante la inclusión de todos los servicios públicos derivados de competencias autonómicas homogéneas en el concepto de nivelación.
c) Impedir los privilegios fiscales o dumping fiscal entre territorios.
d) Simplificar el sistema de régimen común eliminando la maraña de fondos verticales (suficiencia, competitividad y cooperación) sustituyéndolos por un único fondo de nivelación.
e) Acabar con la opacidad del sistema foral, acercando los resultados del sistema foral a los del común, revisando el cálculo del cupo, así como integrar a las comunidades forales en un mecanismo general de nivelación.

Además, reivindicamos el cumplimiento del acuerdo del Parlamento andaluz alcanzado por consenso en marzo de 2018, que estableció en 16.000 millones de euros anuales la insuficiencia del sistema para Andalucía, a propuesta de la entonces Consejera de Hacienda y hoy Ministra, María Jesús Montero, quien calculó que Andalucía debía recibir unos 4.000 millones anuales más. Igualmente consideramos que las propuestas de la Comisión de Expertos de 2017 son un buen punto de partida para la reforma del SFA.

La Condonación de la deuda y el Fondo transitorio de compensación

Ante la situación de infrafinanciación que Andalucía padece en el actual SFA, proponemos una condonación de la deuda que tenemos con el Estado central que, al menos, suponga la quita del 20% de la deuda viva en los mecanismos de liquidez estatales.

Por otra parte, mientras que se consigue un nuevo SFA, apoyamos la reclamación de un fondo transitorio de compensación porque Andalucía, así como otros territorios como la Comunidad Valenciana, no puede esperar.

La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía

Pedimos activar la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en el artículo 184 del Estatuto de Autonomía, con funciones tan relevantes como debatir las inversiones que el Estado realizará en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deberían estar cuantificadas en proporción inversa a nuestra renta, dando cumplimiento a la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía.

Reivindicamos aumentar las inversiones estructurales para el desarrollo de una industria verde, infraestructuras ferroviarias, como el corredor mediterráneo y los servicios de cercanía, hidráulicas, rehabilitación de edificios, energías renovables, digitalización de las PYMEs, Cooperativas y Autónomos, etc. Desgraciadamente las inversiones se siguen concentrando, paradójicamente, en los territorios con mayor renta a causa de la dinámica centralista.

Una nueva financiación local

Paralelamente y de forma imbricada, es necesario revisar el modelo de financiación local para que permita el desarrollo y el ejercicio de funciones que tienen asignadas las corporaciones locales. Urge la mejora de la autonomía tributaria con instrumentos eficaces para modular los ingresos, y aumentar su capacidad fiscal con una adecuada financiación basada en criterios de equidad, acometiendo una revisión en profundidad del componente de transferencias del sistema, que debe tener un objetivo explícito de nivelación para que, en el ejercicio de sus competencias, los ayuntamientos puedan dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Es urgente establecer el régimen jurídico y la forma de cálculo de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado correspondiente a 2022. A diferencia del SFA, la normativa de financiación local requiere de la aprobación anual de una norma que establezca el método de cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado, incluidos los criterios de cálculo del ITE, ingresos tributarios estatales; en este caso la de 2022 a practicar en 2024. Sin embargo, la tramitación del Proyecto de Ley que permitiría hacer realidad el incremento de la financiación local se está demorando lo que está provocando graves daños a las finanzas de los municipios. La no percepción de este ingreso suplementario correspondiente a la Participación en Ingresos del Estado dificulta la ejecución de nuevas políticas públicas necesarias para todos los entes municipales.

Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)

Reivindicamos potenciar el FCI, incrementando significativamente sus cuantías y estableciendo una base de cálculo que les otorgue estabilidad, para fortalecer los mecanismos de convergencia de forma que cumplan el fin con el que fueron creados, que no es otro que favorecer la convergencia entre las Comunidades Autónomas.

Reforma del sistema fiscal

Alcanzar la suficiencia de recursos exige la reforma del actual sistema fiscal ya que el volumen total de gasto público que un país puede recaudar viene determinado por la capacidad para obtener ingresos con los que financiarse. No se trata de subir la presión fiscal, sino de redistribuirla equitativamente. Es de justicia elevar la tributación sobre el capital como herramienta para financiar la transición y compensar la creciente desigualdad en la riqueza que, con toda probabilidad, también va a incrementar la Inteligencia Artificial generativa (IAG).

La reforma fiscal debe incluir un combate serio y contundente contra el fraude y la elusión fiscal y un rediseño de los tributos para lograr mayor progresividad y justicia fiscal, sustituyendo el actual techo de gasto por un suelo de ingresos que garantice la financiación suficiente de todos los servicios públicos.

Reforma por consenso del SFA entre todas las CCAA y el Estado

Es necesario iniciar de inmediato conversaciones entre todas las Comunidades Autónomas para buscar un consenso sobre la reforma del SFA. Para ello proponemos la celebración de una conferencia de Presidentes autonómicos que sienten las bases del nuevo sistema.

No es admisible un sistema de financiación a la carta, negociado de forma bilateral con algunas comunidades, que limite artificialmente la contribución de estas a la redistribución territorial y a la financiación de los servicios comunes del Estado. Esto supondría iniciar una deriva confederal que privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial.

Desarrollo de las competencias previstas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía

Desde Iniciativa del Pueblo Andaluz queremos que se aborden de inmediato los traspasos competencias, efectivos y medios como la competencia exclusiva sobre el servicio de transporte ferroviario cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz, incluido el servicio de cercanías (art. 64 del Estatuto de Autonomía) o la creación de la Policía Autonómica (art. 65 del Estatuto de Autonomía), especialmente orientada a la protección de las mujeres contra la violencia machista y a la protección del medio ambiente.

Un horizonte federal

Siempre hemos defendido avanzar hacia un modelo federal basado en el pluralismo que permita vencer de una vez por toda al centralismo, estableciendo mecanismos de cogobernanza y políticas de solidaridad interterritorial eficaces para la cohesión social. El actual Estado de las Autonomías no ha podido corregir que España siga siendo un Estado muy desigual, territorial y socialmente. Una estructura federal sí puede corregir la desigualdad. Eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, en la República Federal de Alemania con ocasión de la unificación del país. Las diferencias de renta entre los Lander del oeste y del este eran enormes y, sin embargo, en el transcurso de unos años se ha ido produciendo una notable convergencia entre ellos.