Hemos suscrito este Manifiesto junto a un gran número de colectivos

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN  PÚBLICA ANDALUZA Y CONTRA LAS POLÍTICAS  DE PRIVATIZACIÓN 

La educación pública en nuestra comunidad viene sufriendo un deterioro y desmantelamiento significativos, al igual que el resto de servicios públicos, como  consecuencia de unas políticas de privatización y liberalización que el gobierno  de Andalucía está implementando y que, en el último curso, ha decidido acelerar. 

El conjunto de la comunidad educativa no puede más que mirar con tremenda preocupación los acuerdos políticos y avances legislativos que agudizan este deterioro y desmantelamiento del sistema público de educación, socavando el derecho a la educación  pública que constituye un elemento esencial de cohesión social, ya que no debemos olvidar que es precisamente la escuela pública la única capaz de garantizar este derecho  en condiciones de igualdad y equidad al conjunto de la población. 

Sin ir más lejos, en el actual periodo de escolarización se está produciendo, nuevamente, una planificación educativa basada en la supresión constante de plazas públicas.  El número de plazas públicas ofertadas ha sufrido un descenso superior a 4000 plazas  respecto al curso anterior, lo que se traducirá en un importante recorte de aulas públicas que pasará a engrosar la alarmante lista de más de 2000 unidades suprimidas en  los últimos años tan solo en segundo ciclo de educación infantil y primaria, supresiones que, por el contrario, no se producen en los centros privados subvencionados con  fondos públicos, dejando recaer el peso del descenso de la natalidad tan solo sobre las  espaldas de la red pública que progresivamente va perdiendo peso dentro del sistema  educativo andaluz.

A lo anterior hay que añadir las políticas decididas de privatización que el gobierno de  Andalucía está desplegando. En sendos acuerdos de gobierno entre PP y Cs y entre PP  y VOX se puede leer claramente como es un objetivo político de este gobierno profundizar en las políticas de privatización a través de la subvención con fondos públicos de  centros privados, concertando con ellos determinadas enseñanzas. Estos acuerdos se  han materializado tanto en el nuevo decreto de admisión, que provocó una huelga convocada por el conjunto de la comunidad educativa de la escuela pública, en la nueva orden de conciertos educativos así como en los acuerdos presupuestarios, firmados entre  las tres formaciones políticas que sustentan el gobierno, donde ya se contemplan partidas presupuestarias para la extensión de la privatización en etapas postobligatorias. 

A estas políticas descritas se suman todo un sin fin de despropósitos por parte de la  administración educativa que deterioran el estado de la educación pública. Desde  los recortes de recursos y profesionales de la escuela rural, que provocó una fuerte  y digna respuesta, pasando por el mantenimiento año tras año de ratios ilegales en  nuestras aulas, y sin olvidar la deficiente gestión en todo lo relacionado con la pandemia, poniendo a directivas, trabajadores y trabajadoras, familias y alumnado contra  las cuerdas; la escuela pública andaluza asiste constantemente al desprecio de los  poderes públicos que, lejos de protegerla como garantía del derecho a la educación  para todos y todas en condiciones de igualdad y equidad, insisten en su deterioro para  mayor gloria de sus políticas privatizadoras. 

Por si todo esto fuese poco, la extrema derecha marca la agenda educativa, ajena  a los verdaderos problemas de la educación pública. Nos produce extrañeza y estupor  asistir a un nuevo episodio que pone de manifiesto el poco respeto hacia la labor educativa: El acuerdo firmado entre el Consejero de Educación y el portavoz parlamentario  de VOX constituye un repugnante cambio de cromos en el que, a cambio del apoyo  de la ultraderecha al nuevo Decreto de escolarización, se le ofrece a la formación de  extrema derecha lo que interpreta como un principio de acuerdo para la implantación  del veto parental. Ante esta situación, queremos recordar que en los centros escolares  públicos no se imparten contenidos ilegales ni que atenten contras los derechos de los  menores. Ni la escuela pública andaluza ni su profesorado, pues todo esto constituye un  ataque contra ambos, puede volver a ser colocado por los mismos poderes públicos  bajo el foco de la sospecha. A todo ello hay que sumar, profundizando en el repliegue  conservador de este gobierno, que los cambios curriculares introducidos en primaria,  en beneficio de la religión respecto al segundo idioma, a las puertas como estábamos  de una reforma de la Ley Orgánica educativa (LOMLOE, con la que el gobierno andaluz  ha confrontado a menudo pese a su carácter moderado), denotan no tanto la nula intención política de impulsar el carácter laico del espacio escolar, sino la escasa capacidad  siquiera de resistirse mínimamente a los intereses y presiones episcopales. 

Por todo ello, reclamamos y exigimos que se abandonen las políticas de privatización y desmantelamiento de la educación pública y reivindicamos que: 

  • No se suprima ni una sola unidad pública más.  
  • Que se derogue de inmediato el decreto de admisión al entender que este supone un ataque frontal contra la educación pública en beneficio de la privada–concertada.  
  • Que se declaren nulos todos los acuerdos de gobierno y presupuestarios encaminados a extender los conciertos educativos a las etapas  postobligatorias, abandonando así las políticas de privatización.  
  • Que se apueste decididamente por una educación inclusiva para  el alumnado NEAE, dotando de los recursos necesarios a los centros públicos.  
  • Cese en la extensión de los conciertos a las enseñanzas postobligatorias y aumento tanto de la cantidad como de la calidad de la oferta pública en la Formación Profesional, en lugar de apostar por la privatización de estas enseñanzas como respuesta a la escasez de oferta.  
  • Descenso generalizado de la ratio máxima legal, abandonando de una vez por todas la política de ratios ilegales.  

Los colectivos y organizaciones abajo firmantes reclamamos, por tanto, el derecho a una educación pública de calidad e inclusiva, en la que toda todas las personas  tengan oportunidades para aprender en igualdad de condiciones sin discriminación ni  segregación y, en consecuencia, exigimos al gobierno andaluz que articule las políti cas necesarias para que ello sea posible, abandonando las actuales políticas que ca minan en sentido contrario. Igualmente, animamos al conjunto de la comunidad educativa a que defienda la escuela pública como única capaz de garantizar este derecho. 

ADHESIONES ORGANIZACIONES y PERSONAS 

AMPAS en Pie Málaga

Andalucía Laica 

Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (APDHA)

Asociación REDES 

CODAPA 

Colectivo Prometeo 

Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz  

Córdoba Laica 

Docentes en Acción 

Ecologistas en Acción Córdoba 

Escuelas de Calor 

FAMPA Los Olivos 

FAMPA Sevilla 

Granada Laica 

Jaén Laica 

Juventudes Andalucistas 

Juventud Comunista de Andalucía (UJCE) 

Plataforma Andalucía Viva 

Plataforma Niños y Niñas del Sur 

Sevilla Laica 

Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de CGT

Defender Andalucía 

Estudiantes en Movimiento 

Frente de Estudiantes 

Intersindical Andaluza (IA) 

Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) 

Sindicato de Estudiantes 

Sindical Obrera Andaluza (SOA) 

Sindicato Ferroviario (SF) 

UniónS indical Estudiantil (USE)

USTEA 

AndalucíaxSí 

Anticapitalistas Andalucía

Iniciativa del Pueblo Andaluz 

IU Andalucía

IU Córdoba 

Izquierda Andalucista 

Más País Andalucía 

Partido Comunista Andalucía (PCA) 

Podemos Andalucía

Podemos Córdoba

ADHESIONES ORGANIZACIONES y PERSONAS 

Juan Jesús Noval, concejal Podemos Dos Hermanas 

Benito Ferrera Durán, estudiante de CCPP, Sociología y Filosofía y Poeta Pedro García Jiménez, concejal IU Córdoba 

Antonio García Arrabal, docente de la Escuela Pública 

Guillermo Contreras Novoa, activista social 

Francisco Chicano Porras, docente de la Escuela Pública 

Isabel Bernal Gotor, directora CEIP Antonio Gala, presidenta de ASADIPRE Córdoba 

Auxiliadora Blasco López 

Ismael Sánchez Castillo, Diputado Parlamento Andaluz Adelante Andalucía

Joaquín Urias Martínez, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de  Sevilla 

Francisco José Mármol García, docente de la Escuela Pública 

Libertad Benítez Gálvez, exparlamentaria y portavoz de Podemos-A 

Manuel Monereo Pérez, exdiputado por Córdoba al Congreso de los diputados  Unidas Podemos 

Josefa María González Torres, docente de la Escuela Pública 

Toni Valero Morales, Coordinador Andaluz de IU–LV-CA 

Ernesto Alba Aragón, Secretario General del PCA 

Ana Jiménez López, secretaría de Medio Rural y Marítimo, Podemos- A 

Jesús de Manuel Jerez, profesor de la Facultad de Traducción e Inter pretación,  UGR, exparlamentario, Secretario de organización de Podemos-A

Araceli Orozco Cozar, responsable de Feminismos Podemos Andalucía

@signoresalieri, tuitero defensor de la Escuela Pública y docente 

Teresa Rodríguez, docente y diputada del parlamento andaluz 

Antonio Manuel Rodríguez Ramos, escritor. profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba 

José Antonio JIménez Ramos, portavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz

#YoDefiendoLaEscuelaPública

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