Desde Andalucía, queremos ofrecer un horizonte de expectativas, un acuerdo federal, más allá de la pugna sin solución entre el nacionalismo centralista de la derecha españolista y los nacionalismos de los privilegios y la desigualdad territorial de las derechas periféricas.
El resultado de las elecciones del 23 de julio está produciendo un cruce entre la negociación de los apoyos políticos y la disputa entre proyectos territoriales, que puede derivar en frágiles acuerdos tacticistas y cortoplacistas que frustren un objetivo fundamental en esta legislatura: un nuevo impulso político que supere la paralización del actual modelo autonómico y permita alcanzar un sólido contrato territorial que dé respuesta a la actual realidad plurinacional de los pueblos de España.
La superación de las tensiones territoriales puede venir del avance hacia un modelo federal que dé satisfacción a los diversos sentimientos plurinacionales, establezca autogobiernos efectivos y construya una institucionalidad en España y en la Unión Europea que, mediante la participación de las Comunidades Autónomas en sus decisiones estratégicas, haga realidad la convergencia económica y social.
Hoy Andalucía es un sujeto político definido normativamente como una nacionalidad histórica, dotada de una identidad cultural singular, con instituciones propias de autogobierno conquistadas por la movilización popular que necesita, por una parte, autonomía real y, por otra, mecanismos cooperativos y participativos en España y la Unión Europea, para activar nuestras potencialidades y acabar con las seculares brechas de desigualdad en paro, renta, industrialización e innovación.
Desde Andalucía, queremos ofrecer un horizonte de expectativas, un acuerdo federal, más allá de la pugna sin solución entre el nacionalismo centralista de la derecha españolista y los nacionalismos de los privilegios y la desigualdad territorial de las derechas periféricas.
La cultura de la equidad y la solidaridad, de la pluralidad y la diversidad, es lo que puede lubricar el acuerdo para garantizar la convivencia democrática basada en el respeto y la tolerancia de las diferencias y en un orden económico y social justo. Un acuerdo anclado en la realidad de nuestro tiempo, no en realidades preconstitucionales o de hace 90 años.
Un objetivo útil para dotar a la gran mayoría de la ciudadanía, a las clases populares y medias, de un marco institucional eficaz con el que hacer frente a los grandes problemas medioambientales, económicos, sociales y políticos en esta crisis de la globalización. Un Estado federal que pueda desplegar políticas predistributivas y redistributivas para avanzar en la transición ecológica, transformar nuestro modelo productivo y consolidar el Estado del Bienestar: las pensiones, la sanidad pública, la educación pública, las prestaciones sociales, el acceso a una vivienda digna o la renta básica. Un marco institucional óptimo para redistribuir los recursos entre los territorios, las clases sociales, todas las personas vengan de donde vengan, los géneros y las generaciones, que es lo que dota de sentido social al autogobierno y a la autonomía política.
Partimos de una realidad, el Estado de las Autonomías, que desde luego es mucho más que una mera descentralización política y administrativa. Hemos alcanzado un grado de institucionalización sustantivo, un sólido nivel de competencia, la consolidación de las administraciones autonómicas y una contrastada experiencia parlamentaria y de gobierno.
Proponemos un pacto federal para, por una parte, garantizar un suelo de autogobierno que permita preservar y ampliar las competencias de las Comunidades Autónomas frente a determinadas dinámicas expansivas de las competencias estatales a través de las competencias horizontales o las leyes de bases, y que posibilite también desarrollar plenamente las políticas públicas y los servicios de responsabilidad autonómica para que la ciudadanía tenga garantizados sus derechos y su bienestar. Es crucial disponer de un nuevo marco de financiación territorial, desde la equidad, que también impida privilegios fiscales o la bajada de impuestos entre territorios, así como la descentralización de la ubicación de las sedes de los poderes públicos y de las entidades de forma equilibrada por toda la geografía española.
Por otra, articular todos los niveles políticos territoriales existentes, desde los municipios, las Comunidades Autónomas y el Estado central hasta la Unión Europea, mediante la participación y la codecisión de todos los actores en las distintas escalas.
Para avanzar en este pacto, planteamos la aprobación de una ley que le dé el máximo rango a la Conferencia de Presidentes Autonómicos y a las Conferencias Sectoriales, como estructuras de codecisión entre el gobierno central y las Comunidades Autónomas, así como la participación de las Comunidades Autónomas en los órganos constitucionales y organismos estatales, desde el tribunal Constitucional al Consejo del Poder Judicial; el Banco de España, la Agencia Estatal Tributaria, AENA, Puertos del Estado, etc.
No renunciamos al objetivo de reformar la Constitución española para desarrollar plenamente el modelo federal mediante el reconocimiento de la naturaleza constitucional de los Estatutos de Autonomía, la reforma territorial del Senado y la federalización del Poder Judicial, así como impulsar el proceso federal constituyente en la Unión Europea, interconectando los textos constitucionales, autonómico, estatal y europeo.
Iniciativa del Pueblo Andaluz es el partido andalucista que está en SUMAR que tiene un proyecto federal sólido expresado en la ponencia sobre “El modelo territorial”. Sumar Andalucía ha nacido para defender y darle voz a Andalucía y si fuera necesario activar a los 61 diputados que tiene Andalucía en el Congreso, pero sobre todo activar la movilización popular que tiene como memoria las grandes manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 y 1979 y el gran triunfo del referéndum del 28 de febrero de 1980, en el que el pueblo andaluz aprobó, por la vía del artículo 151 de la Constitución, nuestro derecho a una autonomía plena.
En este contexto, SUMAR debe tener en cuenta en todos sus ámbitos esta realidad plurinacional.
Ese compromiso plurinacional debe tener unas consecuencias tanto internas como externas.
COORDINADORA DE INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ. ANDALUCÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
