EQUO Verdes-INICIATIVA Andalucía trabajará por una Ley de Economía del Bien Común
Carmen Molina: ‘necesitamos crear muchos más puestos de trabajo en empleo verde que nos garantice nuestra riqueza y la reparta’. La transición ecológica necesita reconocer a las empresas que más contribuyen, tanto en producción limpia como en retribución justa. Es necesario un etiquetaje que las haga reconocibles y un programa de incentivos fiscales para las mismas
La coalición formada por Equo Andalucía Verdes e Iniciativa del Pueblo Andaluz propone el desarrollo y puesta en práctica de una ley de economía del bien común. Esta es una de las doce grandes líneas de acción en las que ha trabajado la candidatura ecofeminista al Parlamento de Andalucía y desde su equipo se afirma estar plenamente dispuesta a colaborar lo que haga falta para que dicho precepto vea luz.
En esta línea se ha expresado la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, Carmen Molina, que asegura que “necesitamos empezar a crear muchos puestos de trabajo en empleo verde, empleos que garanticen el mantenimiento de nuestro territorio y su riqueza apostando por el reciclaje, la movilidad sostenible, cooperativas de consumo y energéticas… repartiendo mucho más el trabajo, porque no hace falta trabajar tantas horas. Tenemos que trabajar para vivir, nunca al revés”.
La propuesta se basa en el convencimiento de que “el impulso de la transición ecológica de la economía necesita una ley que reconozca y apoye a las empresas que más contribuyen al bien común, tanto en la producción y distribución limpia, como en la retribución justa y equitativa de sus trabajadores y trabajadoras”.
Molina (derecha) participó ayer en la bicletada de Málaga para reivindicar una movilidad sostenible y un sistema de transporte público eficiente y sostenible
Esto último, explican desde Equo-Iniciativa, es así gracias a que dichas entidades “cuentan con programas de igualdad y de conciliación familiar y están dotadas de mecanismos de participación en el devenir de su gestión”.
Para eso es necesario un etiquetaje que haga reconocibles a aquellas empresas que realizan el balance del bien común y un programa de incentivos fiscales para las mismas.